La Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias Necesita ha acordado por unanimidad solicitar amparo a la Comisión Europea para impulsar el procedimiento de infracción abierto sobre la prórroga del peaje de la AP-66 (autopista del Huerna) y acelerar su avance hacia una fase decisoria que permita llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Con este paso, en el que participan el Gobierno de Asturias, agentes sociales y grupos políticos, se refuerza la dimensión europea de la estrategia impulsada por el Principado, que combina esta vía con la judicial en España.
Durante la reunión, el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, explicó que el siguiente paso será la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, tras la negativa del Ministerio de Transportes a revisar de oficio la prórroga del peaje.
El Ejecutivo autonómico había solicitado anular el Real Decreto 392/2000, que extendió la concesión hasta 2050, pero el Gobierno central rechazó entrar en el fondo del asunto, alegando el tiempo transcurrido.
Para el Principado, esta decisión supone un bloqueo administrativo que ahora se trasladará al ámbito judicial, donde se buscará un pronunciamiento sobre la legalidad de la prórroga.
En paralelo, la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, informó de las actuaciones en marcha para evaluar la calidad del servicio en la autopista, afectado por las obras en distintos tramos.
Desde la Dirección General de Consumo se estudia la posibilidad de exigir la suspensión del peaje o compensaciones a los usuarios, ante la merma en las condiciones de circulación, mientras se analizan reclamaciones, retenciones e incidencias.
El Gobierno de Asturias advierte además del impacto económico del peaje. Desde que la concesión debería haber finalizado en octubre de 2021, los usuarios han pagado unos 218 millones de euros, cifra que podría superar los 2.100 millones hasta 2050.
Este importe contrasta con el valor estimado de la infraestructura, situado en torno a 285 millones, lo que implica que los conductores acabarían pagando más de siete veces su coste real.
El Ejecutivo asturiano sostiene que la prórroga constituye una modificación sustancial del contrato, que debería haberse sometido a un nuevo proceso de licitación, tal y como señalan tanto la Comisión Europea como el Consejo Consultivo del Principado.
En este contexto, la combinación de la vía judicial nacional y el procedimiento europeo busca lograr un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad del peaje.
El Gobierno de Asturias reafirma así su intención de llegar hasta el final en todas las vías disponibles para lograr la supresión del peaje del Huerna.
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