La Unión de Consumidores de Asturias ha valorado como un avance, aunque claramente insuficiente, la sanción de 1,1 millones de euros impuesta por el Principado a Aucalsa por infracciones en materia de consumo relacionadas con el cobro íntegro del peaje del Huerna y la información ofrecida a los usuarios durante las obras.
La organización sostiene que la cuantía carece de un efecto disuasorio real para una concesionaria con un importante volumen de facturación y beneficios. Su presidente, Dacio Alonso, considera que la multa puede ser asumida por la empresa como un coste más de su actividad, sin que altere de manera significativa su negocio.
Consumidores Asturias fue una de las primeras entidades en denunciar formalmente la situación de la AP-66 y en reclamar la devolución de parte de los importes abonados mientras la autopista permanecía afectada por obras, restricciones de carril y una degradación prolongada del servicio.
Tras la resolución administrativa, la asociación anuncia el inicio inmediato de demandas civiles agrupadas en representación de los conductores inscritos en su registro, que supera ya las 8.000 personas.
La reclamación buscará recuperar, al menos, una parte de los peajes pagados durante el periodo afectado por las obras. Según explica la organización, los procedimientos se tramitarán mediante pequeños grupos y por cuantías inferiores a 2.000 euros, con el objetivo de reducir el riesgo económico para quienes se sumen a la iniciativa.
La entidad anima a los usuarios a conservar los tickets, facturas y justificantes de Vía-T, al considerar que serán fundamentales para acreditar los viajes realizados y las cantidades abonadas.
La Unión de Consumidores también vuelve a exigir al Gobierno de España la suspensión cautelar del peaje mientras continúen las restricciones y no se recuperen las condiciones normales de circulación.
La organización critica que las obras de modernización de los túneles estén financiadas con fondos públicos mientras los conductores siguen abonando la tarifa completa por utilizar una infraestructura condicionada por cortes, circulación bidireccional y limitaciones de velocidad.
Consumidores sostiene que esta situación supone que los ciudadanos terminan soportando el coste de la autopista por diferentes vías: como usuarios mediante el peaje y como contribuyentes a través de la financiación pública de las obras y las bonificaciones.
La asociación considera que la sanción del Principado refuerza sus argumentos sobre el perjuicio ocasionado a los usuarios, aunque recuerda que el procedimiento administrativo y las futuras reclamaciones civiles son vías diferentes.
Mientras la sanción puede todavía ser recurrida por Aucalsa, Consumidores Asturias prepara ya los primeros bloques de demandas con el objetivo de conseguir compensaciones económicas para quienes hayan pagado el Huerna durante las obras.
La entidad mantiene abierto su registro gratuito de afectados y prevé que el número de inscritos continúe aumentando durante las próximas semanas.
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