• 15 de junio de 2024 00:18

FORO Asturias presenta una iniciativa parlamentaria para anular la prórroga del peaje del Güerna/Huerna

El secretario general y portavoz parlamentario de FORO Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, registró la semana pasada en la Junta General una Proposición No de Ley (PNL) para que la Junta General del Principado inste al Consejo de Gobierno a requerir al Gobierno de España para que, «en coherencia con el procedimiento abierto por la Comisión Europea, inicie los trámites para la anulación de la prórroga de 29 años otorgada a la concesionaria de la AP-66, suprimiendo así el peaje del Huerna«.

Además, la PNL propone que el Principado sea parte activa en este proceso, encargando un estudio para explorar las vías jurídicas para la anulación de la prórroga concedida irregularmente y evaluar los costes económicos que implicaría para el Estado asumir la gestión directa de la AP-66. Cabe recordar que ya en abril Podemos instaba al Gobierno a estudiar vías para anular la prórroga del peaje del Güerna tras la resolución de la Comisión Europea.

El portavoz forista, Adrián Pumares, expresó que “espero contar con el apoyo de todos los grupos, tal y como ocurrió en Galicia. No tiene sentido seguir culpándose unos a otros: el objetivo debe ser acabar con el peaje”.

En la exposición de motivos de la iniciativa, FORO Asturias recuerda que “en abril de este año, la Comisión Europea concluyó que España prorrogó el peaje de la AP-66 incumpliendo la normativa comunitaria, basándose en una denuncia presentada por el ex secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, el 28 de septiembre de 2021. La Comisión considera que el Consejo de Ministros del año 2000, al acordar prorrogar este peaje durante 29 años (hasta el 17 de octubre de 2050), no aplicó adecuadamente los procedimientos de licitación, infringiendo las normas de la Unión Europea.

La denuncia sobre el peaje de la AP-66 se ha incorporado a una denuncia previa sobre el peaje de la AP-9 en Galicia. La Comisión Europea ha dado al Gobierno de España un plazo de dos meses para presentar alegaciones antes de iniciar el procedimiento sancionador. Desde 2021, la Comisión revisa la legalidad de la ampliación del peaje del Huerna y una ampliación similar en la AP-9 gallega.

Bruselas ha detectado incumplimientos de la normativa en la prórroga de las concesiones y en el proceso de liberalización que permitió que inversores privados adquirieran estas autopistas. La Comisión Europea considera que tanto las prórrogas de los peajes como la venta de Enausa (empresa pública estatal que gestionaba la AP-9 y la AP-66) vulneraron la directiva 93/37/CEE y los principios de igualdad de trato y transparencia en la contratación pública.

Desde FORO Asturias se aboga por establecer las fórmulas para cumplir con las normativas de concesión de autopistas, corrigiendo la situación y garantizando transparencia y equidad. La comunicación de la Comisión Europea evidencia que la actuación del Gobierno español fue irregular, favoreciendo a la empresa concesionaria y perjudicando a los usuarios y a la economía del Principado de Asturias. Para FORO Asturias, “estamos ante una oportunidad para poner fin a la injusticia y el agravio que para Asturias supone el peaje del Huerna, y, ante las irregularidades señaladas por la Comisión Europea, creemos que el Gobierno de España no debe en ningún caso justificar la prórroga, y debe aprovechar esta vía para lograr el rescate de la concesión”.

Texto íntegro de la PNL de FORO Asturias:

A LA MESA DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

El Grupo Parlamentario Mixto – FORO ASTURIAS, a través de su Portavoz suplente, Adrián Pumares Suárez, al amparo de lo previsto en los artículos 216 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate en el Pleno de la Junta General del Principado de Asturias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado mes de abril de este mismo año, a raíz de una denuncia presentada por el ex secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, el 28 de septiembre de 2021, la Comisión Europea concluyó que España prorrogó el peaje de la AP-66 (peaje de El Huerna) saltándose la normativa comunitaria. Así, la Comisión Europea, que con este anuncio abre la puerta a considerar que el peaje del Huerna es ilegal, considera que el Consejo de Ministros del año 2000 que acordó prorrogar este peaje durante 29 años (hasta el 17 de octubre de 2050), “no aplicó adecuadamente los procedimientos de licitación, lo que infringió las normas de la Unión Europea”.

Lo que ha hecho la Comisión Europea ha sido incorporar la denuncia sobre el peaje de la AP-66 a la denuncia que ya había admitido previamente sobre el peaje de la AP-9, en Galicia, y da al Gobierno de España un plazo de 2 meses para presentar alegaciones antes de que se inicie el procedimiento sancionador. Y es que la Comisión Europea tiene desde 2021 un procedimiento abierto para revisar tanto la legalidad de la ampliación del Peaje del Huerna durante 29 años como de una ampliación similar en la AP-9.

Tras tres años analizando el caso, se han detectado por parte de Bruselas incumplimientos de la normativa tanto en la prórroga de las concesiones como en el posterior proceso de liberalización que permitió que inversores privados se hicieran con esas autopistas.

Así, según la Comisión Europea, tanto las prórrogas de esos peajes como la venta de Enausa (empresa pública estatal que gestionaba y explotaba, entre otra, la AP-9 y la AP-66) “vulneraron la directiva 93/37/CEE y los principios generales de igualdad de trato y transparencia que rigen las normas de la contratación pública, porque no fueron precedidas de la publicación de un anuncio de licitación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y de un procedimiento de contratación pública”. La actuación posterior de la Comisión Europea será remitir una carta de emplazamiento al Gobierno de España para explicar por qué considera que hay una violación del derecho comunitario en los contratos de ambas autopistas y le instará a que, además de responder a esos argumentos, establezca las fórmulas para que en la AP-9 y la AP-66 se cumplan las normativas relativas a los contratos de concesión de autopistas, corrija la situación, garantizando el respeto de las normas comunitarios y estableciendo la transparencia y la igualdad de trato de los operadores económicos interesados en participar en los procedimientos de contratación pública.

En definitiva, la comunicación de la Comisión Europea pone de manifiesto que la actuación del Gobierno español fue irregular, puesto que adoptó decisiones que favorecieron los intereses de la empresa concesionaria y supusieron un grave perjuicio para las personas usuarias y para la economía y la competitividad del Principado de Asturias. Además, se cuenta con un precedente: una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 2019 que dictaminó que Italia amplió la concesión de una autopista de la “Società Autostrada Tirrénica” sin iniciar previamente un procedimiento de licitación, infringiendo la Directiva 2004/18/CE sobre contratación pública.

Para FORO Asturias estamos ante una oportunidad para poner fin a la injusticia y el agravio que para Asturias supone el Peaje del Huerna, y, ante las irregularidades señaladas por la Comisión Europea, creemos que el Gobierno de España no debe en ningún caso justificar la prórroga, y debe aprovechar esta vía para lograr el rescate de la concesión.

En su virtud, el Portavoz suplente del Grupo Parlamentario Mixto – Foro Asturias que suscribe, presenta para su debate ante el Pleno de la Junta General del Principado de Asturias, la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

La Junta General del Principado insta al Consejo de Gobierno a:

PRIMERO.- Requerir al Gobierno de España para que, en coherencia con el procedimiento abierto por la Comisión Europea, inicie los trámites para la anulación de la prórroga de 29 años otorgada a la concesionaria de la AP-66, suprimiendo el peaje.

SEGUNDO.- Ser parte activa de este procedimiento, encargando un estudio en el que se exploren las vías jurídicas para la anulación de la prórroga concedida irregularmente y se valoren los costes económicos que tendría para el Estado la asunción de la gestión directa da AP-66.

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