Arrancar, romper, pintar o retirar carteles electorales ajenos puede tener consecuencias legales. La normativa electoral española protege los espacios y materiales destinados a la propaganda de campaña y contempla sanciones cuando se vulneran las reglas que los regulan.
La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece penas para determinadas infracciones relacionadas con los carteles electorales y los espacios reservados para su colocación. En concreto, puede contemplarse pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses cuando se infringen las normas legales en esta materia.
No obstante, no toda retirada o deterioro de un cartel electoral constituye automáticamente un delito. La valoración depende de las circunstancias concretas, del lugar en el que se encuentre colocado, de si se trata de un espacio electoral reservado y de la conducta realizada.
También puede haber sanciones electorales
Cuando una conducta vulnera las normas electorales pero no alcanza la consideración de delito, la Junta Electoral competente puede imponer una sanción administrativa.
En el caso de los particulares, las multas pueden oscilar entre 100 y 1.000 euros, mientras que para autoridades o funcionarios las cuantías pueden ser superiores.
Romper o inutilizar un cartel puede constituir además un delito de daños
Al margen de la normativa electoral, si al arrancar, romper, pintar o destruir propaganda se ocasionan daños sobre bienes pertenecientes a otra persona, partido o entidad, también puede entrar en juego el Código Penal.
La legislación contempla multas para los daños causados sobre propiedad ajena, con distinta gravedad en función de la cuantía del perjuicio ocasionado.
Por tanto, las consecuencias pueden variar considerablemente: desde una sanción electoral hasta responsabilidad penal por daños o por infracciones específicas en materia de propaganda electoral.
No es lo mismo retirar un cartel propio que uno de otra candidatura
Los partidos y candidaturas pueden gestionar su propia propaganda dentro de las reglas electorales y de las instrucciones de las juntas electorales. La situación es distinta cuando una persona ajena a la candidatura retira, destruye o altera deliberadamente propaganda de otro partido, especialmente si se encuentra colocada en un espacio oficialmente habilitado durante la campaña.
En caso de detectar daños o retirada de propaganda, las candidaturas pueden poner los hechos en conocimiento de la Junta Electoral o denunciarlos ante las fuerzas de seguridad, aportando fotografías, vídeos u otros elementos que permitan acreditar lo ocurrido.
En definitiva, arrancar o dañar un cartel electoral puede tener consecuencias que van más allá del coste material del propio cartel: la protección de la propaganda forma parte de las garantías del proceso electoral.



