Una actuación de control sobre el lobo desarrollada este pasado domingo en el concejo de Lena ha provocado críticas durante las últimas horas entre diferentes perfiles y colectivos conservacionistas.
Entre las organizaciones que se han pronunciado se encuentra Lobo 21, entidad dedicada a la protección de la fauna salvaje, que difundió una publicación denunciando que se estaban abatiendo lobos en Asturias y situando la actuación en el entorno de La Cobertoria. Las críticas fueron compartidas también por el conservacionista Marcos L. Rúa, que cuestionó públicamente la política desarrollada por el Gobierno del Principado en relación con la gestión del lobo.
En su publicación hace referencia a La Cobertoria, Piedracea y Piedra Charga (Pena Charga) y reclama explicaciones sobre los criterios utilizados para autorizar este tipo de actuaciones. L. Rúa defiende que la gestión del conflicto entre el lobo y la ganadería debería dar mayor protagonismo a las medidas preventivas, el conocimiento científico y la conservación, frente al recurso a las cacerías.
También dirige sus críticas al Gobierno asturiano y a los diferentes agentes implicados en estas actuaciones, desde responsables políticos y administrativos hasta sectores ganaderos y cazadores, aunque precisa que su denuncia no pretende dirigirse de forma indiscriminada contra todos los integrantes de estos colectivos.
Las publicaciones difundidas durante el fin de semana han vuelto a situar la gestión del lobo en el centro del debate. Los colectivos críticos defienden el papel de esta especie dentro de los ecosistemas asturianos y cuestionan que su control mediante cacerías sea la respuesta adecuada a los daños y conflictos asociados a su presencia.
Asturias mantiene actualmente una política activa de control poblacional del lobo. El Principado aprobó este verano la modificación del II Plan de Gestión y trabaja con un nuevo programa que prevé la extracción de hasta 67 ejemplares hasta finales de 2027, sobre una población mínima estimada en 412 lobos, con 50 manadas identificadas y 46 reproductoras. El Gobierno autonómico defiende estas actuaciones como una herramienta para compatibilizar la conservación de la especie con la ganadería extensiva y reducir los daños, que en 2025 afectaron a 3.893 reses y generaron cerca de 1,9 millones de euros en indemnizaciones.
