El Gobierno de Asturias llevará el próximo lunes al Consejo de Gobierno la propuesta para iniciar un procedimiento sancionador contra Aucalsa, concesionaria de la AP-66, por presuntas infracciones en materia de consumo relacionadas con el cobro del peaje del Huerna y la información facilitada a los usuarios durante las obras y restricciones que afectan a la autopista.
La propuesta contempla una sanción total de 1.100.000 euros, la mayor impulsada hasta la fecha por la Dirección General de Consumo del Principado.
Según ha explicado el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, el expediente plantea una multa de 100.000 euros por una presunta infracción grave al considerar insuficiente la información ofrecida a los conductores sobre las obras y las limitaciones de circulación antes de acceder a la autopista.
A esta se suma una segunda sanción de 1.000.000 de euros por una presunta infracción muy grave al mantener el cobro íntegro del peaje pese al deterioro continuado de las condiciones del servicio.
Zapico ha asegurado que la propuesta culmina meses de inspecciones y actuaciones realizadas por la Dirección General de Consumo y la Viceconsejería de Derechos Ciudadanos.
El consejero ha afirmado que la autopista del Huerna se convierte «demasiadas veces en una auténtica ratonera para los asturianos» y ha criticado que los usuarios continúen pagando más de 16 euros por una infraestructura que, en muchos momentos, funciona con un único carril debido a las obras.
El Gobierno asturiano mantiene que, mientras persistan las obras, los atascos y las restricciones, no debería cobrarse el peaje del Huerna.
En este sentido, Zapico volvió a defender que las barreras de los peajes deberían permanecer levantadas mientras no se recuperen unas condiciones normales de circulación y reiteró que el objetivo final sigue siendo la supresión definitiva del peaje, cuya prórroga continúa considerando ilegal.
Si el Consejo de Gobierno aprueba la propuesta el próximo lunes, el expediente será notificado a Aucalsa, que dispondrá del plazo legal para presentar alegaciones.
Posteriormente, la Administración analizará la documentación antes de dictar una resolución definitiva, que podrá ser recurrida por la concesionaria ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
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