La Unión de Consumidores reclama una sanción de 60 millones a Aucalsa por el peaje del Huerna

La Unión de Consumidores de Asturias ha reforzado su campaña para reclamar la devolución de los peajes cobrados en la autopista del Huerna (AP-66) durante los periodos en los que la vía ha estado afectada por obras y restricciones, y eleva además su exigencia a la imposición de una sanción cercana a los 60 millones de euros por el beneficio que considera obtenido de forma ilícita.

Bajo el lema “Yo pago por lo que uso”, la organización sostiene que cobrar el 100% del peaje cuando no se presta íntegramente el servicio constituye una práctica abusiva. En este sentido, afirma que actualmente alrededor de 30 kilómetros de los 74 totales de la autopista —en torno al 40% del trazado— permanecen ocupados por obras, fundamentalmente las relacionadas con la modernización de los túneles, lo que reduce de forma notable la capacidad y la calidad del servicio, mientras los usuarios siguen abonando el importe completo.

Según el comunicado, la concesionaria Aucalsa, participada por el fondo de pensiones neerlandés APG, habría sido beneficiada históricamente por distintas decisiones políticas. La Unión de Consumidores recuerda que la prórroga de la concesión hasta 2050, otorgada durante el Gobierno de José María Aznar, se realizó sin concurso ni publicidad, circunstancia que, según un dictamen de la Comisión Europea, vulnera el derecho comunitario, lo que situaría dicha prórroga en una situación de ilegalidad desde octubre de 2021.

La organización denuncia además que, pese a que la Unión Europea, a través del Gobierno de España, financia con fondos comunitarios la reparación y adecuación de los túneles, los usuarios continúan pagando el peaje íntegro. En 2025, el coste para turismos fue de 15,60 euros, y en enero de 2026 se aplicó una subida del 3,64%, elevándolo a 16,20 euros, a pesar de que, según el colectivo, solo se estaría disfrutando efectivamente de en torno al 60% de la autopista.

De acuerdo con sus estimaciones, desde el 7 de julio y hasta el 8 de febrero de 2026, el cobro íntegro del peaje habría generado más de 11 millones de euros de recaudación considerada ilícita. La Ley de Consumo, recuerda la entidad, permite imponer sanciones que multipliquen hasta por seis el beneficio obtenido de forma indebida; en este caso, la Unión de Consumidores propone aplicar un factor de cinco, lo que situaría la sanción en torno a 57-60 millones de euros.

Además de la sanción, la organización exige la devolución de oficio de todo lo cobrado de más a los usuarios, sin necesidad de reclamaciones individuales. Como precedente, recuerda su actuación en el caso del radar de La Bolgachina, donde se logró la devolución de más de 14.000 multas y la retirada de los puntos del carné, al considerarse que el dispositivo estaba ubicado de forma ilegal.

La Unión de Consumidores de Asturias anima a las personas usuarias de la AP-66 a sumarse a la acción colectiva, defendiendo que el peaje debe ser proporcional al servicio realmente prestado y reclamando a las administraciones públicas una actuación firme frente a lo que consideran un abuso continuado de los derechos económicos de los consumidores.