La Unión de Consumidores de Asturias ha remitido una carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la que reclama explicaciones sobre la gestión de la autopista del Huerna (AP-66) y, especialmente, sobre la negativa del Ministerio a revisar de oficio la prórroga de la concesión.
La organización que preside Dacio Alonso pone el foco en el Real Decreto aprobado en el año 2000 que amplió en 29 años la concesión a Aucalsa, prolongando el peaje hasta 2050.
Consumidores recuerda que aquella ampliación se realizó sin una nueva licitación y que la Comisión Europea mantiene abierto un procedimiento de infracción contra España relacionado con el incumplimiento de las normas comunitarias de contratación pública.
Ante los argumentos del Ministerio, que ha defendido que no revisar la prórroga responde al «interés general», la organización plantea una pregunta directa: «¿No es precisamente cumplir el derecho europeo la mejor forma de defender ese interés general?».
La carta también aborda la situación que atraviesa la AP-66 desde finales de 2024, marcada por las obras y las restricciones de circulación.
Según los cálculos de la Unión de Consumidores, más del 40% del trazado ha llegado a encontrarse afectado simultáneamente como consecuencia de los desvíos relacionados con el argayo y de las obras de renovación de los túneles.
La asociación sostiene que el Ministerio podría haber negociado con Aucalsa la suspensión temporal del peaje o una reducción de la tarifa mientras se mantuvieran estas afecciones. Sin embargo, los conductores han continuado abonando íntegramente un peaje que actualmente alcanza los 16,20 euros.
Consumidores critica además los retrasos acumulados en las actuaciones. Según expone la organización, los trabajos en los túneles debían haber concluido en diciembre de 2025 y continúan en marcha a finales de agosto de 2026.
A esta situación se sumó el pasado fin de semana un nuevo desprendimiento en el túnel de El Negrón, que obligó a cerrar temporalmente la autopista y desviar la circulación entre Asturias y León por el puerto de Pajares.
Otro de los asuntos centrales de la carta es la decisión del Ministerio de Transportes de personarse en el expediente sancionador abierto por la Dirección General de Consumo del Principado contra Aucalsa, iniciado a raíz de una denuncia de la propia organización de consumidores.
El procedimiento plantea sanciones que, en conjunto, alcanzan los 1,1 millones de euros.
Frente a las críticas que inicialmente suscitó la entrada del Ministerio en el expediente, la Unión de Consumidores asegura ahora recibir su personación «con absoluto agrado», al considerar que permitirá exigir explicaciones sobre la actuación de Transportes respecto a la concesionaria y las condiciones en las que se ha mantenido el cobro íntegro del peaje.
La organización recuerda también el precedente judicial del puente de Rande, en la AP-9 gallega, como referencia en el debate sobre el cobro de tarifas durante periodos de importantes afecciones por obras.
Consumidores reclama finalmente al Ministerio una «respuesta pública, jurídica y política» sobre la prórroga de la concesión, las condiciones actuales de la autopista y su actuación en el expediente contra Aucalsa.
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