La polémica por el peaje del Huerna continúa creciendo. La Unión de Consumidores de Asturias ha comparecido este viernes para cargar contra la decisión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de solicitar su personación en el expediente sancionador abierto contra Aucalsa, concesionaria de la AP-66, y reclamar al Gobierno del Principado que resuelva cuanto antes el procedimiento.
La organización interpreta la entrada del Ministerio en el expediente como un intento de obstaculizar una posible sanción que asciende a 1,1 millones de euros por la gestión de las afecciones provocadas por las obras y el mantenimiento del cobro íntegro del peaje.
El presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, Dacio Alonso, ha utilizado términos especialmente duros y ha acusado al departamento que dirige Óscar Puente de actuar como un «escudo judicial» de la concesionaria.
La comparecencia llega después de conocerse esta semana que Transportes había solicitado personarse «como parte y persona interesada» en el procedimiento, una decisión que también provocó la sorpresa de la Dirección General de Consumo del Principado.
Uno de los principales mensajes lanzados por la organización se dirige directamente al Gobierno de Asturias. La Unión de Consumidores reclama que el expediente sancionador se resuelva sin más dilaciones, independientemente de la petición formulada por el Ministerio.
Según Alonso, disponer de una resolución administrativa permitiría avanzar en las acciones que prepara la organización en representación de los usuarios afectados.
La Unión asegura que más de 8.000 personas se han inscrito ya en su registro de afectados y sostiene que pretende acudir a la vía judicial para reclamar la devolución de las cantidades cobradas durante las afecciones.
«Exigimos al Principado que cierre y firme ya la resolución sancionadora de Consumo», ha señalado Alonso, quien considera ese documento clave para impulsar las posteriores reclamaciones.
Según la información facilitada por la Unión de Consumidores, el procedimiento contempla dos posibles sanciones contra Aucalsa que suman 1.100.000 euros.
La primera, de 100.000 euros, correspondería a una infracción grave relacionada con la información proporcionada a los usuarios sobre las condiciones existentes en la autopista.
La segunda alcanzaría un millón de euros y estaría vinculada al mantenimiento del 100% de la tarifa del peaje pese a las importantes afecciones derivadas de las obras y los desvíos. La organización cifra en unos 30 kilómetros, aproximadamente el 40% de la autopista, el tramo afectado.
Por su cuantía, esta última propuesta requiere, según explica la organización, la correspondiente intervención del Consejo de Gobierno del Principado.
Otro de los puntos centrales de la comparecencia ha sido la discusión sobre las competencias de cada administración.
La Unión de Consumidores sostiene que el expediente no cuestiona las competencias estatales sobre la AP-66 como infraestructura, sino la relación entre Aucalsa y las personas que pagan por utilizar la autopista.
«Los usuarios de la autopista no contratan con el Ministerio de Transportes; contratan con la empresa privada que goza de la concesión», ha defendido Alonso.
Sobre esta base, la organización considera que el Principado tiene competencias para analizar desde la perspectiva de protección de los consumidores si las prácticas de la concesionaria pueden considerarse abusivas.
Pese a sus duras críticas iniciales, la Unión de Consumidores asegura que no se opondrá a que Transportes participe en el procedimiento. Al contrario, considera que su personación puede abrir una nueva vía dentro de su estrategia jurídica.
La organización sostiene que Aucalsa ha argumentado en su defensa que determinadas actuaciones respondían a instrucciones del propio Ministerio. A partir de esta circunstancia, Consumidores pretende estudiar las posibles responsabilidades que pudieran corresponder también a la Administración General del Estado.
«No vamos a rechazar su presencia. Al contrario, nos viene perfecto que esté dentro», afirmó Alonso durante la comparecencia.
La organización ha aprovechado la rueda de prensa para volver a reclamar la revisión de la prórroga de la concesión de la AP-66, aprobada en el año 2000 y que prolongó el peaje hasta 2050.
La Unión de Consumidores reprocha al Ministerio que no haya impulsado su revisión después del procedimiento abierto desde las instituciones europeas en relación con las ampliaciones de las concesiones de la AP-66 y la AP-9.
De esta forma, el conflicto por las obras del Huerna y el cobro del peaje vuelve a entrelazarse con el debate de fondo sobre el futuro de la concesión de la principal conexión por autopista entre Asturias y la Meseta.
La batalla se desarrolla ahora en varios frentes: el expediente sancionador contra Aucalsa, las reclamaciones que prepara la Unión de Consumidores y la controversia política e institucional sobre la actuación del Ministerio de Transportes.
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