El Gobierno del Principado de Asturias ha remitido un requerimiento formal a la concesionaria del peaje del Huerna, Aucalsa, tras detectar deficiencias en la prestación del servicio en la autopista.
El anuncio fue realizado por el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, quien explicó que la actuación se produce tras la recepción de múltiples reclamaciones de usuarios y las inspecciones realizadas por el servicio de Consumo durante los meses de enero y febrero.
Según ha detallado el Principado, entre las incidencias detectadas se encuentran limitaciones de velocidad, retenciones, obras simultáneas y deficiencias en la señalización, factores que afectan a la seguridad y a la fluidez propias de una autopista de peaje.
El consejero ha señalado que existen “indicios” de que se podría estar cobrando por un servicio que no se presta en condiciones adecuadas, en una situación que, según indicó, “se está prolongando en el tiempo” y genera malestar entre la ciudadanía.
El requerimiento solicita a Aucalsa información detallada sobre el estado de la autopista, la planificación de las obras y la justificación del cobro íntegro del peaje.
La empresa dispone de plazo hasta el 31 de marzo para presentar alegaciones, que serán analizadas posteriormente por el Ejecutivo autonómico antes de decidir posibles medidas.
El director general de Consumo, Faustino Zapico, ha explicado que las inspecciones han confirmado las reclamaciones recibidas, señalando que “se está cobrando la totalidad de un servicio que no se está prestando plenamente”.
Según los datos aportados, las incidencias podrían haber afectado a 1,8 millones de vehículos, con una recaudación estimada de entre 28 y 29,6 millones de euros.
En este sentido, el Principado no descarta que, de confirmarse estas deficiencias, se puedan aplicar descuentos o devoluciones a los usuarios.
Por su parte, la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, ha subrayado la falta de información por parte de la concesionaria sobre la duración de las obras y la ausencia de medidas para adaptar el precio del peaje a las condiciones reales del servicio.
El Gobierno asturiano se mantiene ahora a la espera de la respuesta de la empresa, con el objetivo de garantizar los derechos de los usuarios y evaluar posibles actuaciones.
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