El Gobierno del Principado ha vuelto a situar la supresión del peaje del Huerna como una de las principales reivindicaciones de Asturias ante el Ministerio de Transportes. El consejero de Movilidad, Cooperación Local y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, aprovechó la Conferencia Sectorial de Transportes para trasladar que esta actuación constituye una de las máximas prioridades del Principado en materia de infraestructuras estatales.
Calvo defendió que la eliminación del peaje de la AP-66 es una reivindicación histórica que considera «irrenunciable» y recordó que el procedimiento abierto por la Comisión Europea sobre la prórroga de la concesión representa una oportunidad para corregir una situación que, a juicio del Ejecutivo autonómico, ha perjudicado durante décadas a Asturias.
El consejero sostuvo que el mantenimiento del peaje ha supuesto un sobrecoste para empresas, transportistas y particulares, además de restar competitividad al tejido económico asturiano.
Junto a la eliminación definitiva del peaje, el Principado volvió a reclamar al Ministerio que bonifique al 100 % el peaje del Huerna mientras continúen las obras y las restricciones al tráfico que afectan a la autopista.
El Gobierno asturiano considera que los usuarios no deberían asumir el coste íntegro de una infraestructura cuyo nivel de servicio se encuentra condicionado por trabajos de larga duración y limitaciones a la circulación.
La supresión del peaje del Huerna forma parte de las cuatro grandes prioridades que el Principado ha trasladado al Ministerio dentro de la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias necesita.
Junto al Huerna, el Ejecutivo autonómico reclama avanzar en la finalización de la Autovía del Suroccidente (A-63), desbloquear los accesos a El Musel y la Zalia y ejecutar el enlace de Robledo, actuaciones que considera fundamentales para mejorar la competitividad, la conectividad y el desarrollo económico de Asturias.
El Principado insiste en que, tras los avances logrados en las infraestructuras ferroviarias, ha llegado el momento de que el Estado impulse definitivamente las actuaciones pendientes en la red viaria y establezca un calendario claro para su ejecución.
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