El Principado envía un tercer requerimiento a Aucalsa por el cobro íntegro del peaje del Huerna

La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos ha enviado un tercer requerimiento formal a Aucalsa, concesionaria de la autopista del Huerna, dentro de las actuaciones abiertas por la Dirección General de Consumo.

El procedimiento se centra en el mantenimiento del cobro íntegro del peaje pese a las obras en marcha y a las incidencias que afectan desde hace meses a la circulación, como restricciones de velocidad, reducción de carriles, congestión del tráfico y falta de información suficiente antes de acceder a la autopista.

El nuevo requerimiento refuerza la posición del Principado tras constatar que no procede suspender el procedimiento administrativo y que persisten circunstancias que, según la Administración autonómica, afectan a la calidad del servicio prestado.

El consejero Ovidio Zapico ha criticado la situación actual de la vía y ha señalado que “los coches están circulando en caravana por una autopista de peaje”, algo que considera “una vergüenza”. También ha cuestionado que los usuarios tengan que abonar el importe completo por un servicio que, a su juicio, no se está prestando en condiciones adecuadas.

El escrito remitido a la concesionaria reclama nueva documentación sobre la información trasladada a la Dirección General de Tráfico y reitera cuestiones que siguen pendientes de respuesta, como la justificación para mantener o incrementar el precio del peaje, la posibilidad de aplicar reducciones mientras duren las obras y la eventual devolución de importes a las personas afectadas.

Desde el Servicio de Inspección de Consumo se insiste en que la información a los conductores debe ser efectiva, inmediata y en tiempo real, y no limitarse a comunicaciones generales. El objetivo es que las personas usuarias puedan decidir, antes de acceder a la autopista, si utilizan esta vía o buscan itinerarios alternativos.

Zapico ha reiterado que el Gobierno de Asturias mantendrá la defensa de los derechos de usuarios y consumidores ante una situación que, según señala, se prolonga desde hace demasiado tiempo y genera un malestar justificado.

La Dirección General de Consumo recuerda además a la empresa que la obstrucción o negativa a facilitar la información solicitada por la Administración puede ser objeto de sanción.