Las organizaciones agrarias asturianas han mostrado su rechazo a las sanciones impuestas por la Delegación del Gobierno a ganaderos que participaron en las protestas contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, celebradas el pasado mes de enero en distintos puntos de Asturias, entre ellos Campomanes (Lena).
En los últimos días, varios participantes en estas movilizaciones han comenzado a recibir notificaciones individuales con multas de 600 euros, lo que ha generado un importante malestar en el sector.
Las protestas tuvieron lugar el 16 de enero en Oviedo y posteriormente en enclaves estratégicos como Campomanes, junto a la N-630 en Pajares, así como en Bustio (Ribadedeva) y Barres (Castropol). En el caso de Lena, la concentración en Campomanes reunió a ganaderos en un punto clave de comunicación, con el objetivo de visibilizar su rechazo al tratado.
Desde las organizaciones agrarias, como COAG, USAGA y ASAJA, consideran que estas sanciones buscan “intimidar” a los profesionales del campo para disuadir futuras movilizaciones. En este sentido, han anunciado la creación de un “frente común” para recurrir las multas de forma conjunta.
Además, denuncian que muchas de las notificaciones presentan irregularidades, al tratarse, según afirman, de documentos “tipo copia y pega” que no reflejan las circunstancias concretas de cada caso. Entre los ejemplos señalados, apuntan a identificaciones realizadas en momentos que no coinciden con los horarios reflejados en las sanciones.
Las movilizaciones del pasado enero, convocadas por la mayoría de organizaciones agrarias, buscaban expresar el rechazo del sector al acuerdo con Mercosur, al entender que supone una competencia desigual frente a productos importados con exigencias sanitarias y de producción menos estrictas que las europeas.
Por su parte, desde el colectivo Asturias Ganadera han mostrado su apoyo a las personas sancionadas, defendiendo que las protestas fueron pacíficas y legítimas, y han criticado el uso de la normativa sancionadora como una medida para frenar la movilización del sector.
El conflicto abre ahora un nuevo frente entre el campo asturiano y la administración, con los ganaderos dispuestos a llevar estas sanciones a los tribunales mientras mantienen su oposición al acuerdo comercial.
