La polémica en torno al peaje del Huerna / Güerna suma un nuevo capítulo. La Dirección General de Consumo del Principado ha mostrado su sorpresa después de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible haya solicitado personarse como parte interesada en el expediente sancionador abierto contra Aucalsa, concesionaria de la AP-66.
El procedimiento de Consumo se inició por el mantenimiento de las tarifas habituales del peaje pese a las obras y afecciones al tráfico en el Huerna / Güerna, una situación que ha provocado numerosas quejas entre los usuarios de la autopista.
La petición del Ministerio ha generado malestar en el Gobierno de Asturias. La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, ha cuestionado abiertamente cuál es la finalidad de la intervención de Transportes.
«Estamos sorprendidos por esta solicitud. No tenemos muy claro si lo que pretenden es rescatar a los asturianos o rescatar la empresa privada que gestiona la autopista».
González Prieto también ha señalado la «falta de coordinación política entre administraciones» y ha advertido de la paradoja que, a juicio del Principado, supondría que la actuación del Ministerio terminase sirviendo para proteger a la concesionaria dentro de un procedimiento sancionador.
Consumo estudiará si permite la personación
La solicitud de Transportes no implica automáticamente su incorporación al expediente. El Servicio de Consumo analizará ahora si la personación solicitada es jurídicamente procedente antes de tomar una decisión.
«Analizaremos la petición, siempre bajo un criterio técnico y ajustado a derecho», ha señalado la viceconsejera.
Desde el Principado insisten en que los intereses de los usuarios deben prevalecer sobre los de la empresa concesionaria y vuelven a situar el debate en la eliminación del peaje.
González Prieto también ha recordado las críticas del Ejecutivo asturiano a la prórroga de la concesión de la AP-66 y ha señalado que esta fue realizada «de forma opaca por un Ejecutivo del Partido Popular». Asimismo, ha vuelto a poner sobre la mesa el pronunciamiento de la Comisión Europea de abril de 2024 sobre la prórroga de la concesión.
El movimiento del Ministerio llega, por tanto, en pleno enfrentamiento institucional por el futuro del Huerna y mientras continúa abierto el expediente de Consumo contra Aucalsa por no modificar los precios pese a las restricciones derivadas de las obras.
