El Gobierno de Asturias, la Xunta de Galicia y la Junta de Castilla y León han firmado la Declaración de Compostela, un acuerdo conjunto para reclamar a las instituciones de la Unión Europea una resolución definitiva sobre el procedimiento abierto por las prórrogas de las concesiones de la AP-66, autopista del Huerna, y la AP-9.
El documento ha sido suscrito en la capital gallega junto a las principales organizaciones empresariales de las tres comunidades: Fade, la Confederación de Empresarios de Galicia y la Federación Leonesa de Empresarios. La iniciativa consolida una posición común del noroeste ante una cuestión que afecta de forma directa a la movilidad, la competitividad empresarial y la cohesión territorial.
En el caso de Asturias, la situación de la AP-66 tiene una incidencia directa en concejos como Lena, atravesados por una de las principales vías de comunicación entre el Principado y la meseta. El peaje del Huerna continúa siendo una reivindicación histórica para vecinos, trabajadores, transportistas y empresas que dependen a diario de esta conexión.
La Declaración de Compostela subraya la importancia estratégica de las autopistas AP-66 y AP-9 para el transporte de personas y mercancías, así como para el desarrollo económico del noroeste peninsular. Las tres comunidades consideran que el régimen concesional de ambas infraestructuras afecta a millones de personas y a miles de empresas.
El acuerdo da continuidad al trabajo desarrollado en los últimos meses por Asturias, Galicia y Castilla y León, y amplía al conjunto del noroeste la línea de actuación impulsada en el Principado a través de la Alianza por las Infraestructuras que Asturias Necesita. El objetivo es reforzar la interlocución ante las instituciones europeas y sumar apoyos sociales, empresariales e institucionales.
La firma se produce cuando está cerca de cumplirse un año desde que la Comisión Europea concluyera, en un dictamen motivado, que las prórrogas de las concesiones de la AP-9 y la AP-66, formalizadas en el año 2000, incumplieron la normativa comunitaria en materia de contratación pública y concesiones.
Según ese pronunciamiento, las ampliaciones del plazo concesional supusieron modificaciones sustanciales de los contratos y deberían haber sido sometidas a un nuevo procedimiento de licitación, con garantías de transparencia, libre competencia e igualdad de trato.
Los gobiernos autonómicos y las organizaciones empresariales firmantes consideran necesario que el procedimiento europeo llegue a una conclusión definitiva. También recuerdan que Asturias, Galicia y Castilla y León solicitaron de forma conjunta al Gobierno de España el acceso a la documentación relacionada con este expediente y con la respuesta remitida por el Estado a la Comisión Europea, sin que hasta ahora hayan obtenido una respuesta favorable.
Como parte de esta posición común, los tres ejecutivos autonómicos han remitido una carta al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, en la que trasladan su preocupación y solicitan una reunión para abordar personalmente la situación.
La Declaración de Compostela formaliza así una alianza estable entre administraciones públicas y tejido empresarial de Asturias, Galicia y Castilla y León para mantener una interlocución permanente con las instituciones europeas.
