El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de la Fiscalía y ha ordenado a la concesionaria Audasa devolver los importes cobrados a los usuarios de la AP-9 afectados por las retenciones generadas durante las obras de ampliación del puente de Rande (Vigo) entre febrero de 2015 y junio de 2018. La resolución revoca el fallo de la Audiencia de Pontevedra y restablece íntegramente la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pontevedra, que calificó de abusiva la conducta de la empresa.
Qué fija la sentencia
- Las obras ocasionaron más de 200 retenciones, 81 de “especial relevancia”.
- Pese a esa situación, la concesionaria no redujo el peaje ni informó con antelación suficiente, de modo que los usuarios no pudieron decidir libremente rutas alternativas.
- Al cobrar el peaje íntegro sin garantizar una circulación rápida y fluida, se produjo un desequilibrio en la prestación del servicio y una falta de reciprocidad con el consumidor.
- El fallo acota sus efectos al caso de la AP-9 y las obras de Rande; no impone automáticamente idéntica solución a otras autopistas.
Reacción del Principado
La Vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha señalado que la decisión “requiere un análisis detallado” para determinar si puede tener encaje en la situación del peaje del Huerna (AP-66). Recordó que el Gobierno asturiano solicitará la revisión de oficio de la prórroga de la concesión hasta 2050 y que continuará “liderando los pasos necesarios para acabar con un peaje ilegal y discriminatorio”.
Según el Ejecutivo regional, el estudio jurídico servirá para valorar la fundamentación del Supremo y su posible aplicación al Huerna, en un contexto en el que el Principado impulsa una vía administrativa y, en su caso, judicial para la supresión del canon.
