El Gobierno de Asturias ha subrayado la solidez jurídica, el rigor y el amplio respaldo social, institucional y económico de la solicitud para la supresión del peaje del Huerna (AP-66), una reivindicación histórica para Asturias. La iniciativa se articula a través del manifiesto de la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias Necesita, que ha logrado un consenso ampliamente compartido.
La actuación del Ejecutivo autonómico se enmarca en una estrategia coherente y plenamente fundamentada en derecho, orientada a la igualdad territorial, la cohesión y el interés general de Asturias. En términos administrativos, el Consejo de Gobierno ha solicitado la revisión de oficio del Real Decreto 392/2000, por el que se amplió la concesión de la AP-66 hasta 2050.
Dicha prórroga fue acordada en el año 2000 por el Gobierno de España presidido por José María Aznar, con Francisco Álvarez-Cascos como ministro competente, sin los procedimientos de licitación y concurrencia exigidos por el derecho nacional y europeo vigentes en aquel momento. La revisión de oficio activa un procedimiento reglado, que debe resolverse mediante actos administrativos motivados y conforme a la legalidad.
El Principado sostiene su petición en un respaldo jurídico sólido, apoyado en el dictamen de la Comisión Europea de 17 de julio de 2025, que concluye que las prórrogas de las autopistas AP-66 y AP-9 fueron contrarias al derecho de la Unión Europea al aprobarse sin licitación pública y vulnerar los principios de igualdad, transparencia y concurrencia. Este pronunciamiento se limita a estas dos concesiones y no afecta al resto del sistema concesional del Estado.
Asimismo, el Consejo Consultivo del Principado ha aprobado por unanimidad un dictamen que confirma que la ampliación de 2000 constituye un acto administrativo singular plenamente revisable, equiparable a una nueva adjudicación, en el que concurren causas de nulidad conforme a la legislación administrativa y al derecho europeo entonces vigente.
El Gobierno asturiano considera que recientes declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, distorsionan la realidad jurídica del caso y trasladan a la opinión pública una interpretación incorrecta. Según el Ejecutivo autonómico, el dictamen europeo es contundente y obliga a restituir la legalidad vulnerada; no se plantean rescates discrecionales ni decisiones arbitrarias, sino una respuesta jurídica exigible y eficiente para el interés general.
El Principado insiste en que la situación de las concesiones AP-66 y AP-9 es singular y excepcional, y rechaza cualquier extrapolación al resto de peajes por carecer de base jurídica. En paralelo al procedimiento iniciado, el Ejecutivo reitera la petición de una bonificación del 100% del peaje del Huerna, desde el primer viaje y para todos los usuarios, como medida de justicia territorial mientras se resuelve el fondo del asunto.
El Gobierno de Asturias asegura que continuará actuando con rigor, responsabilidad institucional y unidad, respaldado por la sociedad asturiana y por una base jurídica sólida, en defensa del derecho a una movilidad justa y de la igualdad territorial.
