El Consejo de Gobierno del Principado ha dado hoy un paso decisivo hacia la supresión definitiva del peaje del Huerna, al aprobar el inicio de una acción de nulidad contra la Administración General del Estado. El objetivo es que se declare la nulidad de pleno derecho del Real Decreto 382/2000, por el que un Gobierno del Partido Popular amplió en 29 años la concesión de la autopista AP-66 (León–Campomanes), prolongando su vigencia hasta 2050.
El acuerdo designa al consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, como representante del Principado para defender esta iniciativa en nombre de la comunidad autónoma.
Una estrategia acordada para eliminar el peaje
La decisión se enmarca en la hoja de ruta pactada con la Alianza por las Infraestructuras, y se apoya en un extenso análisis jurídico y técnico elaborado por la secretaría general técnica y los servicios jurídicos del Principado, plenamente ratificado por el Consejo Consultivo.
Los informes concluyen que la prórroga aprobada en el año 2000 incurrió en causas de nulidad de pleno derecho, entre ellas:
- Alteración sustancial del equilibrio económico del contrato original de 1975.
- Creación de una concesión encubierta que debió someterse a licitación.
- Vulneración de la normativa europea de contratación pública, incluida la Directiva 93/37/CEE.
- Aprobación sin seguir el procedimiento legalmente exigido.
- Concesión de beneficios económicos indebidos al concesionario.
- Perjuicio sostenido para el interés general de Asturias.
El Consejo Consultivo respalda punto por punto las tesis del Principado y confirma que la vía adecuada para restablecer la legalidad es la revisión de oficio o, subsidiariamente, la acción directa de nulidad ahora emprendida.
Respaldo de la Comisión Europea
El acuerdo del Gobierno asturiano se fundamenta también en la resolución de la Comisión Europea (CE) del 17 de julio de 2025, que concluye que las prórrogas del Huerna y de la AP-9 fueron contrarias al Derecho de la Unión Europea. En ella, Bruselas determinó que estas ampliaciones:
- Se otorgaron sin licitación ni publicidad.
- Vulneraron los principios de igualdad y transparencia.
- Aplicaron de forma indebida la figura de la excepción “in house”.
- Buscaron revalorizar la empresa pública Enausa con vistas a su privatización.
La actuación del Principado se alinea plenamente con estos criterios.
Documentación enviada a Bruselas
El Gobierno de Asturias ya ha remitido a la Dirección General de Mercado Interior (DG GROW) toda la documentación jurídica y técnica que sustenta la acción: análisis económicos, informes independientes, antecedentes administrativos y el dictamen del Consejo Consultivo.
Asimismo, se ha incorporado el estudio jurídico elaborado a iniciativa de la diputada Covadonga Tomé, cuya aportación el Ejecutivo agradece por reforzar la posición asturiana.
Un paso decisivo para eliminar el peaje
El Principado subraya que la acción de nulidad es un instrumento esencial para avanzar hacia la eliminación del peaje de la AP-66, una infraestructura clave para Asturias que, según el Ejecutivo, ha sufrido durante décadas un modelo concesional lesivo para el tejido productivo, la movilidad y la competitividad regional.
El Gobierno autonómico reafirma su compromiso de seguir actuando con unidad, rigor jurídico y determinación política, en colaboración con las instituciones estatales y europeas, para restablecer la legalidad y defender el interés general de Asturias.
