El Gobierno de Asturias ha convocado una reunión del Comité Consultivo del Lobo para el día 12 de agosto. En ese encuentro, se expondrá el censo de ejemplares realizado en 2021 y se presentará el programa de control poblacional adaptado a la nueva catalogación de la especie, que incluye el procedimiento para realizar extracciones propuesto por el Principado y que se ha incorporado a la estrategia nacional aprobada en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente del 28 de julio.
El Principado da continuidad así al marco previsto en el Plan de Gestión del Lobo, que incluye todas las prerrogativas y condiciones que se derivan de la catalogación de estos cánidos en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). El nuevo programa de control para el período 2022-2023 fija una zonificación por áreas que servirá de marco para los expedientes de extracción letal que se tramiten, «garantizando el estado de conservación favorable de la especie y adecuándose a lo dispuesto en la normativa nacional y europea«.
En la reunión del comité también se presentarán los trabajos de seguimiento de la evolución de la especie en Asturias, que sirven de base para su gestión y «suponen un hito por el profundo conocimiento del territorio y de las manadas identificadas«, se apunta desde el Principado. Para realizar estos censos se han recorrido más de 1.300 kilómetros en los que han participado más de 80 personas entre técnicos, agentes del Medio Natural, científicos y expertos de diferentes ámbitos.
Ante la situación actual de daños continuados al ganado y la creciente conflictividad social, el Gobierno de Asturias considera «una prioridad recuperar la seguridad jurídica para efectuar controles poblacionales en el marco del plan autonómico de gestión«. Por otro lado, el acuerdo sobre el contenido de la estrategia, o cualquier otro acto de desarrollo de la orden TED/980/2021, no implica cambios en el criterio del Principado sobre la inclusión del lobo en el Lespre, expuesto con claridad en la demanda de anulación presentada junto con Galicia, Cantabria y Castilla León ante la Audiencia Nacional. El Gobierno de Asturias ha defendido la misma postura desde el inicio del proceso, tal y como queda reflejado en las actuaciones judiciales en curso.
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