El Gobierno del Principado ha valorado de forma muy positiva el dictamen emitido este jueves por la Comisión Europea en el que se señala que la prórroga de la concesión de la autopista AP-66 (Huerna) hasta el año 2050 vulneró la normativa europea de contratación pública. El Ejecutivo asturiano ha reiterado la exigencia de eliminar de forma definitiva el peaje, considerado desde hace años como una barrera para la vertebración territorial de Asturias.
La Comisión Europea comunicó ayer que continúa el procedimiento de infracción contra el Estado español por haber prolongado la concesión sin proceso de licitación, lo que constituye una posible infracción del derecho comunitario. Esta actuación, aprobada en el año 2000 por el Consejo de Ministros del Partido Popular, permitió extender la explotación de la autopista durante casi tres décadas más, sin transparencia ni consulta al Principado.
Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencies, calificó el dictamen de Bruselas como “demoledor” y subrayó que el mismo recoge hechos de «máxima gravedad». Calvo emplazó al Partido Popular a asumir su responsabilidad política y legal por haber adoptado una decisión que, a su juicio, ha provocado un severo perjuicio para Asturies.
El Gobierno asturiano ha anunciado su disposición a colaborar en los procedimientos que puedan derivarse de esta resolución europea, con el objetivo último de lograr la supresión del peaje del Güerna. Asimismo, ha manifestado su intención de facilitar a las autoridades comunitarias toda la información técnica necesaria para apoyar la resolución del caso.
Desde el Principado se insiste en que la prórroga de la concesión fue adoptada sin transparencia, sin licitación pública y sin tener en cuenta los intereses asturianos, lo que ha supuesto una carga económica injusta para la ciudadanía durante más de veinte años.