La Comisión Europea ha emitido este jueves un ultimátum a España al considerar que la ampliación de la concesión de la autopista AP-66, que conecta Asturies con León, infringe las reglas comunitarias de contratación pública. Si el Estado español no actúa en el plazo de dos meses, será llevado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El origen del conflicto reside en la prórroga de la concesión por parte del Gobierno español, que amplió el contrato de explotación de la AP-66 por 29 años sin convocar un proceso de licitación ni publicarlo en el Diario Oficial de la Unión Europea. Para la Comisión, esta actuación supone una modificación sustancial del contrato original que equivale a una nueva adjudicación y, por tanto, debería haber sido sometida a competencia pública.
Esta autopista, vital para las comunicaciones entre Asturias y la Meseta, es especialmente significativa para el concejo de Lena. El elevado coste del peaje ha sido objeto de constantes críticas desde el ámbito asturiano, al considerarse un agravio comparativo respecto a otras comunidades donde se han suprimido o reducido peajes.
Bruselas ya había alertado previamente de estas irregularidades, pero ahora envía un dictamen motivado, el último paso antes de acudir a los tribunales. Si España no rectifica y no adapta sus concesiones a las exigencias comunitarias en el plazo establecido, el caso llegará al alto tribunal europeo.
Esta situación podría tener importantes implicaciones para el futuro de la AP-66, abriendo la puerta a posibles revisiones del contrato y, con ello, a una eventual rebaja o supresión del peaje, una reivindicación histórica en Asturias.