La Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias Necesita ha dado hoy un paso decisivo en la lucha por la supresión del peaje de la autopista del Huerna (AP-66) con la firma de un manifiesto que denuncia lo que considera un “agravio histórico que condiciona la vida de miles de personas y sitúa a la comunidad en desventaja frente a otros territorios del Estado”.
Este movimiento cobra fuerza tras el dictamen emitido el pasado 17 de julio por la Comisión Europea, en el marco del procedimiento de infracción INFR (2021) 4052, que considera contrarias al derecho europeo las prórrogas de las concesiones en las autopistas AP-9 y AP-66.
Una hoja de ruta clara y con respaldo social
El manifiesto suscrito hoy establece que el Gobierno del Principado de Asturias liderará las acciones necesarias para lograr la eliminación del peaje, mediante:
- Coordinación institucional y social para reforzar la posición asturiana ante el Estado.
- Movilización de la ciudadanía, sindicatos, colectivos sociales y organizaciones empresariales.
- Elaboración de una estrategia integral, con documentación técnica y jurídica que avale la supresión del peaje.
- Defensa de la legitimidad europea, que convierte la reivindicación en una cuestión de justicia, no de privilegio.
- Exigencia al Ministerio de Transportes para que aplique sin demora el dictamen comunitario, elimine el peaje y, mientras tanto, bonifique al 100 % los viajes por la AP-66.
El documento queda ahora abierto al respaldo de entidades sociales, políticas e institucionales que deseen sumarse a esta causa.
Próximos pasos: reunión y concentración
La Alianza por las Infraestructuras ha anunciado que volverá a reunirse el 17 de octubre, y que esta unidad política y social se materializará en una concentración pública en la Plaza de La Escandalera (Oviedo/Uviéu), con el objetivo de visibilizar la demanda de una reparación histórica.
Un peaje sin legitimidad
La prórroga de la concesión del Huerna —aprobada en el año 2000 y vigente hasta 2050— ha sido, según el manifiesto, “un factor que ha limitado la competitividad de Asturias, perjudicado su economía y debilitado su cohesión territorial”.
La resolución de Bruselas respalda ahora estas denuncias, al concluir que las prórrogas se concedieron sin concurso público ni transparencia, vulnerando los principios de igualdad e interés general. En palabras de la Alianza, Asturias ha sido víctima de un proceso irregular y lesivo, y el peaje del Huerna carece hoy de toda legitimidad.
