La batalla por el peaje del Huerna se acerca a un nuevo escenario judicial. La Unión de Consumidores de Asturias asegura contar ya con más de 10.000 personas inscritas en su registro de afectados y prepara demandas colectivas para reclamar a Aucalsa la devolución de las cantidades abonadas durante las afecciones por las obras de la AP-66.
La organización espera, no obstante, a que concluya el expediente sancionador abierto por la Dirección General de Consumo del Principado. Según trasladó el Gobierno asturiano en una reunión con la entidad, la previsión es resolver el procedimiento durante el mes de noviembre, con una propuesta de sanción que alcanza los 1,1 millones de euros.
Consumidores Asturias pretende utilizar esa resolución administrativa como una de las principales pruebas en las futuras reclamaciones judiciales.
Demandas agrupadas para más de 10.000 afectados
La estrategia diseñada por la Unión de Consumidores pasa por agrupar a los afectados en diferentes demandas, buscando reducir los costes y evitar una avalancha de procedimientos individuales.
Según explicó su presidente, Dacio Alonso, se pretende que la cuantía correspondiente a cada reclamación no supere los 2.000 euros. La organización sostiene que este planteamiento permitiría tramitar los procedimientos sin necesidad de abogado y procurador y agilizar su resolución.
El punto de partida será el registro habilitado por la entidad, que ha superado ya los 10.000 usuarios inscritos.
La organización toma también como referencia una sentencia dictada por el Juzgado número 5 de Oviedo a favor de un usuario de la autopista. Según explica Consumidores Asturias, el fallo ordenó devolver íntegramente la cantidad reclamada al considerar abusiva la práctica objeto del procedimiento.
«Inicialmente queríamos probar a reclamar la mitad del peaje», señaló Alonso, quien explica que el pronunciamiento judicial terminó reconociendo la devolución completa al entender que la declaración de abusividad conlleva la nulidad de la práctica.
Una sanción de 1,1 millones que podría resolverse en noviembre
El expediente administrativo abierto contra Aucalsa contempla una propuesta de sanción total de 1.100.000 euros.
El Gobierno del Principado trasladó a la Unión de Consumidores que el procedimiento podría quedar resuelto a lo largo de noviembre, una vez finalicen los trámites pendientes.
En la reunión participaron la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González; el director general de Consumo, Faustino Zapico; y representantes de la Unión de Consumidores encabezados por Dacio Alonso.
El siguiente paso pasa por analizar las alegaciones del Ministerio de Transportes, que solicitó personarse en el procedimiento y dispone, según la información facilitada, de plazo hasta el 20 de octubre.
Una vez estudiadas, Consumo prevé incorporar al expediente tanto los nuevos elementos judiciales como los argumentos ya utilizados durante la tramitación frente a la concesionaria.
La resolución servirá de apoyo a las reclamaciones
Para la Unión de Consumidores, el cierre del expediente resulta especialmente relevante porque pretende incorporar la resolución definitiva a sus futuras demandas.
Además de este documento, la organización anuncia que utilizará como referencia otros pronunciamientos judiciales relacionados con el cobro de peajes durante obras, entre ellos el precedente de la AP-9 en el entorno del puente de Rande.
Consumidores Asturias sostiene que el mantenimiento de la tarifa íntegra durante las importantes afecciones existentes en el Huerna constituye una práctica abusiva y reclama que los usuarios puedan recuperar las cantidades abonadas.
Aunque la organización valora positivamente la actuación sancionadora del Principado, considera insuficiente la cuantía de 1,1 millones de euros y mantiene que debería haberse calculado una sanción superior atendiendo al eventual beneficio obtenido por la concesionaria.
Otro frente abierto: la prórroga hasta 2050
Paralelamente continúa el conflicto alrededor de la prórroga de 29 años concedida en 2000 a la concesión de la AP-66, que extendió su vigencia hasta 2050.
La Unión de Consumidores recuerda que este asunto se encuentra también en el ámbito judicial y vincula una eventual revisión de la concesión con la posibilidad de abrir nuevas reclamaciones por parte de usuarios y transportistas.
El procedimiento sancionador autonómico afronta ahora sus últimas fases. Si se cumplen las previsiones trasladadas por el Principado, noviembre podría convertirse en un mes clave para el conflicto del Huerna: primero con la resolución sobre Aucalsa y, posteriormente, con el inicio de las demandas que la Unión de Consumidores prepara para los más de 10.000 afectados registrados.
