El Gobierno del Principado de Asturias ha convocado la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias Necesita para el próximo jueves 23 de abril, tras la decisión del Ministerio de Transportes de inadmitir la solicitud de nulidad de la prórroga del peaje del Huerna (AP-66) sin entrar a analizar el fondo del asunto.
Según ha informado la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, esta reunión servirá para exponer la estrategia legal del Principado y reforzar una posición común con los agentes económicos y sociales, con el objetivo de avanzar hacia la supresión definitiva del peaje.
El Ejecutivo autonómico ya ha confirmado que acudirá a la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Supremo, en una ofensiva jurídica que busca que se analice la legalidad de la prórroga de la concesión hasta el año 2050.
Desde el Principado consideran que la respuesta del Ministerio es “absolutamente decepcionante e insatisfactoria”, al limitarse a un criterio temporal sin entrar a valorar si la prórroga es o no legal. En este sentido, defienden que no se trata de una cuestión política, sino de la defensa de la legalidad europea y española.
El Gobierno asturiano sostiene que la ampliación de la concesión, aprobada en el año 2000, supuso una modificación sustancial del contrato original, al extender su duración en 29 años y alterar sus condiciones económicas en favor de la concesionaria, sin el correspondiente proceso de licitación pública.
Además, argumenta que esta decisión generó ventajas económicas y financieras relevantes para la empresa concesionaria, rompiendo el equilibrio del contrato y afectando directamente a los usuarios.
Estos planteamientos coinciden, según el Principado, con las conclusiones de la Comisión Europea, que ha iniciado un procedimiento de infracción contra España, y del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, que aprecia indicios de nulidad.
La reunión de la Alianza permitirá coordinar una respuesta conjunta y activar todas las vías posibles —jurídicas, políticas e institucionales— para defender los intereses de Asturias en una cuestión que afecta directamente a la movilidad y al desarrollo económico del territorio, especialmente en concejos como Lena, atravesados por la AP-66.
El Gobierno autonómico reafirma así su compromiso de seguir impulsando medidas para lograr la eliminación de un peaje que considera injustificado y con impacto directo en la ciudadanía.
