El Gobierno del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, solicitará de forma oficial al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la revisión de oficio de la prórroga de la concesión de la autopista AP-66 (peaje del Huerna), ampliada hasta el año 2050 por el Real Decreto 302/2000.
La medida supone el primer paso administrativo dentro de la hoja de ruta marcada en el Manifiesto de la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias necesita, y se alinea con el dictamen de la Comisión Europea, que declaró contrarias al derecho comunitario las prórrogas de las autopistas AP-9 y AP-66.
Un procedimiento para restablecer la legalidad
La revisión de oficio permite a la Administración anular sus propios actos cuando se acredita que son ilegales o irregulares, incluso si son firmes y no pueden recurrirse por vía ordinaria. En este caso, el Principado considera que el decreto que amplió la concesión hasta 2050 incurrió en causa de nulidad de pleno derecho al haberse dictado sin el procedimiento de adjudicación legalmente establecido.
El informe jurídico elaborado por los servicios técnicos autonómicos concluye que el decreto modificó sustancialmente las condiciones económicas y la duración del contrato, generando en la práctica una nueva concesión sin licitación pública. Según el derecho europeo, ello vulnera los principios de transparencia, concurrencia e igualdad, por lo que el acto es nulo conforme al artículo 47.1 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común.
“Asturias da el paso que le corresponde. Con la revisión de la prórroga del Huerna iniciamos el cumplimiento del manifiesto de la Alianza y aplicamos el dictamen europeo con rigor jurídico y determinación política. Es una cuestión de legalidad, igualdad y justicia territorial”, señaló el consejero Alejandro Calvo.
Impacto económico y territorial
El Ejecutivo autonómico subraya que el mantenimiento del peaje hasta 2050 supone una barrera económica y social para la comunidad, afectando a la movilidad, la competitividad empresarial, la cohesión territorial y la sostenibilidad ambiental.
Asimismo, recuerda que la jurisprudencia avala la legitimación del Principado para impugnar actos estatales que afecten de forma directa a los intereses generales del territorio.
“La prórroga del Huerna fue jurídicamente irregular y económicamente lesiva para Asturias. Nuestra obligación es restablecer la legalidad y garantizar que esta comunidad tenga las mismas condiciones de movilidad que el resto del país”, afirmó Calvo.
Coordinación con otras comunidades y con Bruselas
El consejero informó a los integrantes de la Alianza por las Infraestructuras sobre los avances técnicos y jurídicos en curso, tanto en el ámbito administrativo como en el judicial.
Además, detalló que el Principado mantiene interlocución abierta con Galicia y Castilla y León, así como con los responsables técnicos de la Comisión Europea, que han habilitado un cauce específico para que Asturias aporte documentación relevante al procedimiento de infracción abierto.
Compromiso con el manifiesto
Esta actuación da cumplimiento al Manifiesto de la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias necesita, firmado en septiembre por representantes institucionales, empresariales y sociales, con el objetivo de reclamar la supresión del peaje del Huerna y promover acciones jurídicas y administrativas tras el dictamen europeo.
El Gobierno de Asturias reafirma su compromiso con los ejes de ese acuerdo: la coordinación institucional y jurídica, la movilización social, la defensa de la justicia territorial, y la exigencia al Ministerio de Transportes de aplicar el dictamen de la Comisión Europea para eliminar el peaje o bonificar el 100 % del importe hasta su supresión definitiva.
